Daniel Noboa remitió a la Asamblea Nacional un nuevo proyecto de ley económico de carácter urgente

Daniel Noboa remitió a la Asamblea Nacional un nuevo proyecto de ley económico de carácter urgente
Daniel Noboa remitió a la Asamblea Nacional un nuevo proyecto de ley económico de carácter urgente

¿De qué se trata?

La Asamblea Nacional informó que este lunes 15 de enero de 2024, el presidente de la República, Daniel Noboa remitió el proyecto de Ley Orgánica para la Recuperación de Activos de Origen Ilícito y Transparencia en la Contratación Pública, con calificación urgente en materia económica.

Este es el cuarto proyecto urgente que ingresa a esta nueva Asamblea Nacional, el cual será remitido a la Unidad Técnica Legislativa (UTL) para iniciar el trámite previsto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

De acuerdo al ejecutivo merece resaltar la importancia que el proyecto tiene para el Ecuador “para extinguir el dominio de activos de origen ilícito y transparentar la contratación pública”.

Este nuevo proyecto de ley plantea la extinción del dominio público que es un mecanismo legal que busca privar a las personas de la propiedad sobre los bienes que han sido obtenidos a través de actividades ilícitas, delitos como el narcotráfico, el lavado de activos, la corrupción y otras formas de delincuencia organizada.

La extinción del dominio se ha convertido en una herramienta importante en la lucha contra la criminalidad y la corrupción, toda vez que permite al Estado recuperar aquellos activos que han sido adquiridos de manera ilegal, propendiendo a la debilitación de las estructuras financieras de la delincuencia organizada y desincentivando la comisión de otros delitos”, señala el escrito.

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De acuerdo al escrito este proceso legal se basa en la idea de que los bienes adquiridos con recursos ilícitos o utilizados para cometer delitos pueden ser confiscados por las autoridades competentes, por lo tanto, su objeto se alcanza al despojar a los criminales de los activos obtenidos de manera ilegal y contribuir a la desincentivación de la actividad delictiva, al afectar directamente los beneficios económicos asociados.

El proceso sería llevado a cabo por diversas autoridades competentes, cada una con roles y responsabilidades específicas en la aplicación de esta medida, como: Fiscalía General del Estado, Unidad de Análisis Financiero y Económico, Policía Nacional, Superintendencia de Bancos, Procuraduría General del Estado.

Sobre contratación pública
Respecto a este punto se señala que se hace imprescindible la emisión de una normativa que vaya acorde al avance social, económico y tecnológico de nuestro país. Especialmente el combate de la corrupción, ya que delitos como el peculado, el cohecho, la concusión o el enriquecimiento ilícito, buscan nuevas modalidades para su cometimiento.